Se consumó el golpe de estado en Brasil. Se cumplió de manera impecable la formalidad del rito del impeachment, pero vacío de contenido, ya que se condenó a una Presidente a pesar de las abrumadoras evidencias de que no cometió delitos de responsabilidad, únicas causales de destitución en el ordenamiento legal brasileño. En el Paraguay en el 2012 no se cumplió siquiera la ritualística.

En la clasificación de los golpes de estado habíamos sido honrados con la terminología de golpe de estado “a la paraguaya”. Ahora debemos compartir esa honra con una nueva especie: “a la brasileña”.

En el caso del Brasil el cumplimiento de la formalidad fue incuestionable. Durante el proceso de impeachment se realizó un amplio debate en que acusación y defensa presentaron especialistas, informantes y testigos del mayor nivel técnico, político y jurídico. Fue realizada una pericia. Todo esto permitió a la defensa presentar argumentos contundentes en favor de la Presidente acusada y que una parte significativa de la sociedad brasileña entienda y acompañe esos argumentos, aunque no fue suficiente para evitar la destitución de la Presidente, dada la voluntad política de una mayoría parlamentaria de destituirle a pesar de su inocencia.

EL CASO LUGO: SIN FORMALIDADES
En el caso de Lugo se trató de una operación relámpago, en lo que guarda cierta semejanza con los golpes clásicos. Se consumó en horas contrastando con los nueve meses en Brasil, sin contar todo el período previo de debate anterior al inicio del impeachment.

En el Paraguay, los parlamentarios acusadores consideraron que no había necesidad de presentar pruebas porque las acusaciones eran evidentes por sí mismas. En el libelo acusatorio al Presidente Lugo se afirmaba “3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN. Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.”

En consecuencia, como las acusaciones no debían ser probadas, los promotores del juicio político otorgaron plazos ínfimos a la presentación de los argumentos de acusación y defensa.

LAS ACUSACIONES CONTRA DILMA
La Presidente Dilma fue condenada en base a dos acusaciones de supuestos delitos cometidos durante el año 2015: realizar operaciones encubiertas de crédito a través de bancos públicos, operaciones que son vedadas por la ley de responsabilidad fiscal, y aprobar tres decretos de reprogramación presupuestaria sin aprobación del congreso. Las acusaciones fueron limitadas en número y específicas en contraste con las vagas y numerosas acusaciones del caso paraguayo.

EL PLANO ZAFRA
Las operaciones de crédito de las que fue acusada habrían sido realizadas a través del llamado Plano Zafra, que es un programa de asistencia financiera a los pequeños agricultores durante el período de zafra.

Los bancos públicos otorgan créditos a los agricultores a tasas menores a las de mercado, y en compensación el gobierno, a través del Plano Zafra otorga un subsidio a los bancos.

Los acusadores alegaron que el gobierno atrasó el pago de estos subsidios a los bancos, lo que configuraría una operación de crédito encubierta del banco público al gobierno, para financiar la política pública, lo que está prohibido por la ley de resposabilidad fiscal.

La defensa presentó argumentos contundentes contra esa tesis.

NO ES UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO
De acuerdo con la defensa, el pago de los subsidios a los bancos es una operación de tipo fiscal, prevista en el presupuesto público, y no contiene los componentes fundamentales de una operación de crédito, como un contrato entre acreedor y deudor, por el cual el primero transfiere recursos al segundo, que deben ser devueltos en un plazo dado. Se trató de un subsidio del gobierno al banco. Es el banco el que prestó a los agricultores.

La ley de responsabilidad fiscal brasileña hace una enumeración exhaustiva de lo que considera operaciones de crédito, y en un último apartado afirma “y otras semejantes” a las mencionadas. Sin embargo, todas las operaciones mencionadas por la ley se realizan a través de contratos entre dos partes y transferencias de recursos de una a otra, lo que no ocurre con el subsidio otorgado a través del Plano Zafra, por lo que este no podría ser considerado semejante.

Además, no existía una fecha establecida en la legislación para que el gobierno transfiera ese subsidio al banco. El gobierno pagó íntegramente los subsidios a los bancos al final del ejercicio fiscal 2015, año en el que se habrían cometido los supuestos delitos.

JURISPRUDENCIA EXISTENTE
Nunca antes, desde la creación del programa Zafra en 1992, y desde la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal en 2001, hubo un parecer jurídico considerando el atraso en el pago de este subsidio como operación de crédito.

Recién en abril de 2015, el Tribunal de Cuentas de la Unión, cuyos pareceres sirvieron de fundamento a las acusaciones contra Dilma, mencionó por primera vez este tema, lo que fue objeto de intercambio de pareceres técnicos entre gobierno y Tribunal, y dentro mismo del Tribunal.

En octubre 2015 un informe de la Secretaría de Recursos del Tribunal de Cuentas de la Unión consideró que este atraso no constituía operación de crédito. Recién en diciembre de 2015, después de iniciado el impeachment hubo un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Cuentas considerando que constituía operación de crédito. Se uso este parecer del Tribunal con efecto retroactivo para condenar a Dilma.

NO EXISTIÓ AUTORÍA
Según la defensa, para que exista un delito debe haber autoría, es decir el acusado debe con su conducta personal intervenir en la comisión del delito. En este caso no hubo ninguna intervención de la Presidente en el proceso.

El Plano Zafra existe desde 1.992 y ha operado de la misma forma desde entonces. Su operativa esta prevista en ley que atribuye funciones específicas a diferentes instituciones públicas, sin asignar ninguna al Presidente de la República.

No habiendo responsabilidad específica del Presidente tampoco se le puede acusar de omisión. Para establecer que la Presidente comete un crimen de omisión, la legislación debe prever una competencia específica que le obligue a actuar en un caso dado, y la Presidente no tenía esa obligación establecida entre sus competencias.

SUPUESTO OCULTAMIENTO DEL DEFICIT
La acusación también argumento que estas supuestas operaciones de crédito fueron ocultadas en los registros estadísticos del Banco Central en una maniobra orquestada por el gobierno dirigido a ocultar el déficit gubernamental.

Quedó probado que el Banco Central registraba estas operaciones de la misma manera desde el año 1992, basado en el Manual de Estadísticas Públicas del Fondo Monetario Internacional del año 1985, que nunca consideró que esta operación deba ser registrada como crédito y como parte del déficit público.

DECRETOS SUPLEMENTARIOS
En la segunda acusación se argumentó que Dilma aprobó por decreto reprogramaciones presupuestarias sin aprobación del congreso.

La ley brasileña establece que la Presidente puede aprobar por decreto reprogramaciones presupuestarias siempre que “sean compatibles con la obtención de la meta fiscal”.

La acusación argumentó que en el momento de aprobación de los decretos no era viable cumplir con la meta fiscal establecida para el año 2015. Esto había sido reconocido por el gobierno que envío al Congreso un pedido de modificación de la meta fiscal, proponiendo un aumento del déficit. En consecuencia, en esa circunstancia, el gobierno podía realizar reprogramaciones solamente con autorización previa del congreso lo que no ocurrió.

Los argumentos contundentes de la defensa fueron los siguientes.
Según la defensa, la ley habla de compatibilidad con “la obtención” de la meta fiscal y la meta fiscal es anual y se verifica su cumplimiento al final del año.

LA REPROGRAMACIÓN NO AUMENTA EL GASTO
La reprogramación presupuestaria lo único que hace es aumentar el gasto permitido en ciertos rubros y disminuir en otros, pero no habilita para aumentar el gasto.

El nivel de gasto se define, en otro instrumento que es la programación financiera del gobierno, que establece techos para los gastos por debajo a los establecidos en el presupuesto.

Es lo que ocurre en el Paraguay, en que es la programación financiera del Ministerio de Hacienda la que fija finalmente el nivel del gasto.

En el mismo momento en que el gobierno Dilma aprobó los decretos de reprogramación, realizó el corte de gastos más grande de la historia brasileña a nivel de la programación financiera con un corte de 80 billones de reales.

Por lo tanto, los tres decretos de reprogramación no tuvieron ningún efecto en cuanto a aumento del déficit público.

JURISPRUDENCIA VIGENTE Y RETROACTIVIDAD
La jurisprudencia unánime hasta antes del impeachment consideraba que en el periodo que mediaba entre el envío de propuesta de nueva meta fiscal al Congreso y su aprobación por el cuerpo legislativo, el gobierno podía trabajar con la nueva meta.

Desde junio de 2015 hubo informes e intercambio de pareceres técnicos entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas, en el que este organismo comenzó a esbozar su nuevo criterio, que era una interpretación nueva de la ley vigente y diferente a lo que la jurisprudencia establecía hasta ese momento.

Según esta interpretación, el gobierno debía adecuarse a la meta vigente, y esperar la aprobación de la nueva meta por el congreso. Este criterio difería del sostenido por ese mismo tribunal en ocasiones anteriores, como en 2009 en el que explicitamente el tribunal reconoció la potestad de actuar de acuerdo a la nueva meta, siempre que en el último relatorio del año se ajuste a la meta finalmente definida.

El intercambio de pareceres entre técnicos del gobierno y tribunal prosiguió durante 2015 y recién en octubre, hubo un dictamen definitivo del Tribunal de Cuentas, en el sentido de que el gobierno debía obrar en base a la meta vigente y no en base a la propuesta.

El gobierno acató la norma, hubo una “shutdown” del gobierno durante unos días, ya que el gobierno fue prácticamente impedido de gastar, hasta que el congreso aprobó el nuevo déficit.

La nueva interpretación de la ley, que es como creación de nuevo ordenamiento jurídico fue utilizado retroactivamente para condenar Dilma.

EL PROBLEMA REAL CON LA ECONOMÍA
El criterio de renombrados economistas es totalmente diferente al de los acusadores. El corte de gastos por parte del gobierno Dilma que realmente ocurrió, en un momento de desaceleración de la economía, profundizó la recesión, debido a la caída brutal de la inversión pública haciendo caer aún más los ingresos públicos. El error de Dilma en consecuencia, no fue falta de responsabilidad fiscal, sino “exceso de responsabilidad” o excesivo conservadurismo fiscal que condujo a una brutal recesión.

Lo que ocurrió no fue un delito de responsabilidad sino un error en la conducción de la política económica, que no es motivo de impeachment.

GOLPE A LA DEMOCRACIA Y A LOS CIUDADANOS
Lo que ocurrió no fue un golpe a la Presidente sino a la democracia brasileña y a los ciudadanos electores que vieron sustraída la voluntad que habían depositado en las urnas. Desde 1932, solo 4 Presidentes completaron su mandato en Brasil. En el Paraguay en 200 años de vida independiente solamente una vez, en el 2008, hubo alternancia en el poder entre Presidentes de partidos diferentes, y el presidente no completó su período. La larga marcha continua.
Foto: Andre Penner / AP Photo

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