La falta de pruebas es el denominador común, en Curuguaty I, el juicio político al Presidente Lugo, y Curuguaty II, el juicio a los campesinos.

En el libelo acusatorio al Presidente Lugo, en el que figuraba como una de las causales de la acusación la Matanza Caso Curuguaty, se incluyó una afirmación absolutamente original: “3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN. Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.”

En consecuencia, como las acusaciones no debían ser probadas, no es de extrañar que los promotores del juicio político otorgaron plazos ínfimos a la presentación de los argumentos de acusación y defensa.

Contrasta con el proceso de impeachment actualmente en curso en Brasil iniciada hace más de siete meses, y que está posibilitando la presentación amplia de los argumentos de la acusación y defensa.

El debate realizado en ese país con la amplia participación de especialistas y testigos del mayor nivel técnico y jurídico, tanto de parte de la acusación y la defensa ha permitido a la defensa presentar argumentos contundentes en favor de la Presidente acusada y que una parte significativa de la sociedad brasileña entienda y acompañe esos argumentos, mismo que no pueda evitar la destitución de la Presidente, dada la voluntad política de una mayoría de destituirle a pesar de su inocencia.

CURUGUATY I

Nuestra Constitución establece que el Presidente podrá ser juzgado “por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.” Los acusadores eligieron la causal que consideraban que sería más fácil de probar por su falta de precisión que es la de mal desempeño de funciones, dejando de lado las causales relacionadas a comisión de delitos.

Sin embargo, no consideraron que para fundamentar esta acusación al Presidente de mal desempeño en el Caso Curuguaty debió existir una acción directa y personal suya que dió como resultado la matanza de Curuguaty.

Cuando no existe acción no puede existir responsabilización, a no se ser que la acusación sea de omisión. Tampoco se podía acusar al Presidente de omisión, es decir, de dejar de actuar para que ocurriesen los hechos de Curuguaty.

Para que exista una conducta omisiva debe existir una clara competencia del Presidente que le impone el deber de actuar en determinado sentido. Es sabido que la competencia en un caso como el de Curuguaty corresponde a otros órganos que tienen competencia directa, como fiscalía, poder judicial, policía y ministerio del interior entre otros.

Si bien el Presidente es el responsable administrativo y político de toda la administración pública, debe existir una competencia directa que le es atribuida explicítamente por ley para que pueda ser responsabilizado. Caso contrario el Presidente sería responsable por todos los hechos que ocurran en la administración pública desde la negligencia de un médico en un hospital, de un policía en el trato a un preso, o de un incendio en el depósito de un ministerio por el solo hecho de ser la autoridad principal en el gobierno.

CURUGUATY II

El amplio debate que no ocurrió en ocasión del juicio político por la operación relámpago gestada por los legisladores, si ocurrió en el caso del juicio a los campesinos, mediante la amplia movilización de la sociedad civil, que con una campaña persistente y sistemática colocó el debate en la agenda pública, posibilitando que se produzca una amplia deliberación sobre los argumentos de acusación y defensa.

Como resultado de ese debate quedó evidente la falta de pruebas aportadas por los fiscales sobre la supuesta invasión de un inmueble ajeno, la alegada asociación criminal de campesinos que en realidad se habían organizado a sugerencia del INDERT en una comisión vecinal y el homicidio doloso sobre el cual las pruebas también fueron extremadamente débiles.

Curuguaty I y II son el reflejo real de las debilidades de nuestra democracia y apuntan algunas de las tareas que están pendientes para perfeccionarla.

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