“Son una plaga social.”

“Son animales humanos que están en las calles molestando a la gente que quiere trabajar, porque ellos no quieren trabajar.”
“Son sobretodo, haraganes irresponsables.”
“Son en su mayoría personas con antecedentes penales”

Estas expresiones tomadas al azar de las redes sociales no son expresiones aisladas. La frecuencia con que son formuladas permite caracterizar como un fenómeno social que merece ser analizado.

Es perfectamente legítimo en el juego democrático confrontar ideas y expresarlas libremente sobre un tema de esta naturaleza y sobre cualquier tema, incluyendo críticas y ofensas, que están garantizadas por el derecho de expresión que es fundamental en una democracia.

El problema se genera cuando se pasa a un discurso cargado de emociones extremas que descalifica a un determinado grupo social. La situación se agrava cuando se trata de un grupo vulnerable que no tiene los resortes de poder económico y político de las elites, y no tiene los recursos para defenderse.

DISCURSO DE ODIO
Esta descalificación -denominado discurso de odio en la jerga internacional- genera daños a la reputación de ese grupo, y a los individuos que a él pertenecen, con el consiguiente impacto en su vida familiar y social, Además se genera una situación de un riesgo claro y presente de ser objeto de discriminación por pertenecer a ese grupo social al que se le ha atribuido calificativos tan negativos.

El aspecto relevante desde esta perspectiva no tiene relación con discutir la veracidad del tipo de afirmaciones mencionadas, por ejemplo que son haraganes y delincuentes, sino al hecho de que esas ideas son expresadas de forma tal que generan daños a la reputación de los individuos que forman parte de ese grupo social.

Hay una dignidad básica y fundamental que es un derecho humano que no puede ser violado. Como alegó el Presidente Johnson al fundamentar la necesidad de la ley de igualdad de derechos civiles en 1965, “Una persona tiene el derecho de no ser insultada frente a sus hijos”, expresión que alude a esa dignidad humana fundamental.

Muy alejadas están las palabras del candidato presidencial americano Donald Trump que calificó a los latinos como asesinos y violadores, expresiones que generan daños a la reputación de todos los latinos y puede conducir a la hostilidad, violencia o discriminación contra ese grupo social.

Todos los puntos de vista pueden y deben expresarse. Ofender es posible y legitimo en el juego democrático, pero no aplastar. No se debe subestimar el poder y las consecuencias de las palabras. El holocausto comenzó con palabras. Los limpiavidrios tienen el derecho a ser respetados en su dignidad humana fundamental. Es necesario eliminar el discurso del odio del debate, lo que no significa eliminar el debate que es necesario para buscar una solución a este problemática social.

PROHIBICIONES EN DIVERSOS PAISES
En la mayoría de las democracias consolidadas existe lo que se llama leyes que prohíben el discurso del odio.

En Alemania, el código penal considera hecho punible “incitar al odio contra sectores de la población o llamar a medidas violentas o arbitrarias contra ellos de manera capaz de perturbar la paz”.

Además, “insultar, calumniar maliciosamente o difamar a segmentos de la población de una manera capaz de perturbar la paz” (…) difundir públicamente materiales escritos (…) que ataca a la dignidad humana.”

En Inglaterra existen diversas disposiciones sobre el discurso de odio entre ellas las que establece que “Una persona es culpable de un delito si con la intención de causar a una persona acoso, alarma o angustia, utiliza palabras amenazantes o abusivas (…) o da a conocer cualquier escrito, cartel u otra representación visible que sea amenazante, o abusivo provocando de esta manera en otra persona acoso, alarma o angustia.”

CONVENCIONES INTERNACIONALES
En la Convención Americana de Derechos Humanos denominada Pacto de San José, del cual el Paraguay es signatario, se establece que “estará prohibida por la ley (…) toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”

Una prohibición similar existe en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Naciones Unidas del cual el Paraguay también es signatario.

Existe un gran debate acerca de la conveniencia de estas leyes porque pueden amenazar la libertad de expresión, pero si existe consenso en la necesidad de combatir y contrarrestar el discurso del odio, independiente de que existan o no disposiciones legales al respecto.
Foto: http://diariode3.com/

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