– Su Santidad, he asumido la Presidencia de la República…

El Papa Pio X leyó aprehensivo y en voz alta la carta que le enviaba el Arzobispo de Santo Domingo, Adolfo Nouel, en el que le comunicaba que había asumido desde el 1º de diciembre de 1912 la Presidencia de República Dominicana. El Papa se encontraba en la sala de despacho del Palacio Vaticano, al lado de la Antecámara Secreta. A su lado estaba Rafael Merry del Val, Cardenal Secretario de Estado. Ambos tuvieron conocimiento por la prensa de los acontecimientos en ese país y esperaban desde hacía dos meses y medio, una comunicación del Arzobispo-Presidente.

El Papa Pio X, no solo no objetó al Arzobispo que asumiera la Presidencia, sino que le envío de regalo una esmeralda rodeada de brillantes, en celebración de tan importante acontecimiento, que hoy se encuentra exhibida en el santuario de Higuey en ese país. No era, sin embargo, el primer clérigo que asumía la Presidencia en República Dominicana. En 1.882 había asumido el sacerdote Fernando Meriño, principal figura de la Iglesia Católica local en la época, y posteriormente Arzobispo.

Recién en 1983, con la aprobación del segundo código canónico la prohibición de ocupar cargos públicos se hizo estricta en la Iglesia Católica. Pero cuando se aprobó el mencionado código, se había ya levantado en los países democráticos, como Estados Unidos e Inglaterra, cualquier prohibición para que los clérigos ocupen cargos públicos.

APOYO A CANDIDATOS
El domingo 11 de octubre de 1964 el Reverendo Martin Luther King, pastor de la iglesia bautista, ingresó a la sede de la Iglesia de Antioquía en Nueva York. En la conferencia de prensa que tuvo lugar, King pidió a “todas las personas de buena voluntad” votar contra el Senador Barry Goldwater, candidato republicano en las elecciones presidenciales, argumentando que su elección “será una tragedia, y con certeza casi suicida para la nación y el mundo” considerando sus posiciones favorables a los racistas. La postura de King favoreció de esta manera indirectamente a Lyndon Johnson, que resultó electo en las elecciones que tuvieron lugar pocas semanas después.

Si no existe prohibición para ejercer cargos públicos, mucho menos debería existir para que los clérigos puedan apoyar candidatos. En los Estados Unidos no existe restricción para que los pastores apoyen determinados candidatos, pero existe una ley que establece que las organizaciones sin fines de lucro pierden su status de exentas de impuestos cuando apoyan institucionalmente un candidato. Como las iglesias están registradas como organizaciones sin fines de lucro, como institución podrían perder ese status.

Pero esto no afecta al pastor como individuo, que puede apoyar candidatos y postularse como candidato libremente, como lo hicieron los pastores que se postularon a la Presidencia como Jesse Jackson, Mike Huckabee gobernador de Arkansas durante 11 años y años antes el sacerdote católico James Renshaw Cox. Actualmente ocupan bancas en el congreso americano 7 pastores.

SE ELIMINAN BARRERAS POLÍTICAS PARA CLÉRIGOS
En 1977 un pastor bautista, Paul McDaniel, activista del movimiento por los derechos civiles, derrumbó la última restricción a la participación de clérigos en cargos públicos en los Estados Unidos. McDaniel fue electo miembro de la Asamblea Constituyente del Estado de Tennessee. Su elección fue anulada por una decisión de la corte estatal, basada en un artículo de la constitución del estado que prohibía a los clérigos ocupar cargos públicos.

McDaniel apeló a la Corte Suprema que por unanimidad emitió un fallo declarando inconstitucional esa prohibición. La corte concluyó que la prohibición para que clérigos ocupen cargos públicos violaba el derecho al libre ejercicio de la religión establecida por la Primera Enmienda a la constitución americana, porque condicionaba su acceso a un cargo público a su renuncia a su condición de pastor.

La corte consideró que esa prohibición que databa de fines del siglo XVIII, con la finalidad de establecer la separación entre iglesia y estado, no tenía más sentido. “La experiencia americana no ofrecen sustento -afirmaba el juez Warren en su fallo- para el temor de que los clérigos que ocupen cargos públicos van a ser menos cuidadosos en mantener la neutralidad del estado en materia de religión”, que los ciudadanos que no son pastores. Tennessee fue el último estado en eliminar esta prohibición. La mayoría de ellos lo había hecho en el siglo XIX.

En el año 2001 también se aprobó una ley en Inglaterra, anulando toda restricción para que pastores de cualquier religión puedan ser electos a la cámara de los comunes y al parlamento europeo, con la sola excepción de los obispos que participan de la Cámara de los Lores, que siempre tuvo bancas reservadas para obispos.

En Brasil no existe ninguna restricción constitucional para la participación de clérigos en cargos públicos. La llamada bancada evangélica, en el Congreso, cuenta con 70 diputados y 3 senadores, siendo la mayoría de sus líderes pastores de diversas iglesias.

EL MARCO LEGAL EN LA IGLESIA CATÓLICA
Actualmente la Iglesia Católica prohíbe la ocupación de cargos públicos de acuerdo al código canónico aprobado en 1983. Sin embargo en el código de 1917, se permitía ocupar cargos públicos con permiso de los superiores. Antes de 1917, la prohibición era menos rigurosa. Eso explica la elección de 7 sacerdotes a la Asamblea Constituyente de 1870 en el Paraguay. En el Congreso de Tucumán que proclamo la independencia Argentina participaron 11 clérigos y en el congreso que aprobó la Constitución de Cádiz en España, participaron 84 sacerdotes y 6 obispos.

El Papa Pío X, y en general la iglesia de las décadas anteriores y posteriores a su pontificado, estaban obsesionadas con el modernismo y el anticlericalismo que consideraban que socavaba la fe cristiana. El énfasis no estaba en evitar la participación política de los clérigos, sino que toda participación a nivel político, sindical, social y en general de la sociedad civil, se realice en el marco de la obediencia y del control por parte de la jerarquía eclesiástica, para evitar la contaminación por parte de ideologías contrarias.

El código canónico actual, si bien prohibió sin excepciones la participación en cargos políticos, abrió la posibilidad de que los clérigos puedan participar en actividades políticas y sindicales, con la autorización de sus superiores.

La constitución paraguaya prohíbe la elección de ministros o religiosos de cualquier credo como parlamentarios, pero esta prohibición es más un anacronismo que no cumple función alguna en garantizar la neutralidad del estado en materia religiosa. Los religiosos y sacerdotes, tienen derecho a participar en la esfera pública, defendiendo sus ideas y principios, como el ateo o el que defiende cualquier otra creencia e ideología. El hecho de profesar una determinada creencia no le impide respetar la neutralidad del estado en cuanto a no otorgar preferencias o privilegios a una religión en particular, y el respeto al libre ejercicio de cualquier religión.

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS RELIGIOSOS
“En el Islam –decía el célebre cientista político Samuel Huntington- Dios es el Cesar; en el Confucionismo el Cesar es Dios; en la religión Ortodoxa, Dios es el socio menor de Cesar. El peligro para Occidente no es el islamismo fundamentalista. Es el Islam”.

Esta visión de que el problema para la democracia estaría en la misma estructura de determinadas concepciones religiosas, sin embargo, ha sido cuestionada. Todas las religiones pueden adaptarse al sistema democrático, y lo han hecho de diversas maneras según la experiencia histórica en cada país democrático.

Lo fundamental es transitar hacia un sistema de convivencia religión-estado en que exista respeto a ciertas garantías constitucionales que son fundamentales para la democracia, entre ellas, la libertad de expresión, la elegibilidad para cargos públicos, la libertad para constituir y afilarse a organizaciones, y el derecho de competir por el apoyo, la preferencia y el voto de los ciudadanos.

En este contexto, una democracia no puede impedir que los ciudadanos religiosos sean sacerdotes o laicos -así como los ateos y los no religiosos- compitan libremente para promover sus objetivos y valores. En la medida en que estos ciudadanos religiosos no violen y respeten los derechos de otros ciudadanos, se les debe garantizar el derecho a promover sus intereses, a apoyar candidatos, a crear organizaciones, a ser candidatos y a ocupar cargos públicos.

Esto implica que ninguna religión o Iglesia debe tener ningún privilegio para imponer políticas desde el estado de manera predeterminada. Los ciudadanos religiosos deben competir en igualdad de condiciones con los de otras creencias, y en el caso de que ocupen cargos públicos, deben respetar los derechos de todos los ciudadanos y las reglas del juego democrático, incluyendo las clausulas constitucionales con respecto a la religión. De la misma manera, deben tener el derecho a profesar la religión de su preferencia y deben respetar ese mismo derecho de los demás ciudadanos.

Este marco de convivencia democrática, sin embargo, se ha logrado en los países democráticos de diversas maneras. La relación Iglesia-Estado puede adquirir diversas configuraciones, y no necesariamente debe adoptar la forma de una separación estricta entre Iglesia y Estado.

Hay países democráticos, como el Reino Unido y otros 8 países europeos tales como Noruega, Dinamarca, Grecia- en los que el estado adopta una religión particular como oficial. En Finlandia existen dos religiones oficiales. Pero esta falta de separación clara entre Iglesia y Estado no ha sido un obstáculo para la consolidación de la democracia, en la medida en que los derechos de los ciudadanos mencionados anteriormente son respetados a pesar de la existencia de esa religión oficial.

Existen otros países europeos que no tienen una religión oficial pero en los que existe un régimen denominado de acomodación positiva, en que el estado asume un apoyo activo a las diversas religiones. En Alemania, por ejemplo, el estado recauda impuestos para las dos principales iglesias, que de esta manera financian el 80% de su presupuesto. En los Países Bajos, las comunidades pueden elegir la orientación religiosa que prefieren para sus escuelas públicas, calvinista o católica.

De la misma manera, hay países de mayoría musulmana que hoy están clasificados como democracias, como Indonesia, Senegal, Albania, Bangladesh y otros, donde actualmente viven 400 millones de musulmanes. Otro país considerado democrático es India, con una minoría religiosa de 140 millones de musulmanes.

Muchos países han transitado por procesos altamente conflictivos para llegar a una acomodación de la relación iglesia-estado, y la relación religión-política aceptable para el sistema democrático, y las soluciones han sido diversas. La solución a esta problemática requiere la participación de diversos actores, incluyendo los religiosos, con puntos de vista frecuentemente opuestos, para lo cual es necesario generar un clima de respeto entre las partes que permita encontrar soluciones que sean consistentes con el sistema democrático y que al mismo tiempo salvaguarden los intereses fundamentales de los actores religiosos.

EL DEBATE FILOSOFICO
En el ámbito filosófico se ha discutido si la intervención de los actores religiosos y el discurso religioso deben tener un lugar en la esfera pública o deben limitarse a la esfera privada. En el plano de los modelos de secularización el modelo francés de laicité es el que promueve la idea de eliminar totalmente de la esfera pública el discurso religioso.

Este modelo no es el que predomina en los países democráticos considerando que en la mayoría de los países europeos el estado sostiene religiones oficiales, en otros como Alemania y Países Bajos existe un sistema de acomodación positiva en que el estado apoya activamente a las religiones pero a todas por igual, y en países como Estados Unidos y Brasil existe estricta separación entre Iglesia y Estado, pero con una gran intervención de los actores religiosos en el sistema político.

Estos distintos modelos que se dan en el ámbito de los sistemas de relación entre religión y política, tiene su correlato en un debate filosófico que ha enfrentado a distintas posiciones. El filósofo inglés John Locke fue el primer gran teórico de la separación entre Iglesia y Estado. Más allá de Locke, han surgido diversas posturas en relación al rol de la religión en la esfera pública.

El filósofo americano John Rawls sostiene que solo las razones públicas, aquellas que puedan ser entendidas tanto por ciudadanos religiosos como no religiosos, pueden intervenir en la esfera política, debiendo el discurso religioso permanecer enteramente en la esfera privada. Los ciudadanos tienen la obligación de explicar sus propuestas y preferencias de manera que los demás ciudadanos puedan entender. Rawls también explica la razón pública como aquella que se basa en premisas que aceptamos y que pensamos que los demás pueden razonablemente aceptar.

El ejercicio del poder que no puede ser justificado de manera imparcial, es ilegitimo, porque es una imposición de una parte sobre otra, según Rawls. Posteriormente Rawls suavizó su posición admitiendo el discurso religioso en el debate público aunque considerando que solo las razones públicas proveen de legitimidad al estado.

Habermas por su lado ha sostenido una posición intermedia, particularmente a partir de la última década. Según Habermas el estado liberal tiene interés en que las voces religiosas se expresen en la esfera pública, y en que se desarrolle la participación política de organizaciones religiosas. No se debe desestimular a las personas religiosas y comunidades a que se expresen políticamente como tales, ya que puede privar a la sociedad de importantes contribuciones.

Los ciudadanos seculares y aquellos de otras religiones pueden aprender bajo ciertas circunstancias de otras contribuciones religiosas. Sin embargo, Habermas considera que esta participación debe darse exclusivamente en la esfera pública, y cuando se entra en el terreno de las instituciones del estado, las razones religiosas deben ser dejadas de lado, o deben ser traducidas a un lenguaje entendible por todos los ciudadanos.

El filósofo Charles Taylor, que es uno de los grandes referentes en la reflexión sobre la secularización considera que no existe nada de especial en el lenguaje religioso. También la necesidad de un lenguaje accesible excluye la utilización de categorías conceptuales de Marx o de Kant de difícil comprensión. Taylor considera que la secularización tiene que ver con la neutralidad del estado, respecto a cualquier tipo de creencia, no necesariamente en relación a las creencias religiosas en particular.

El común denominador de este debate es que hay una aceptación general de la participación de los actores religiosos en la esfera pública, más allá de sus diferencias, por lo que la prohibición de la participación de los religiosos en el ámbito político, no es aceptada.

BIBLIOGRAFÍA
Alfred Stepan The Multiple Secularisms of Modern Democratic and non-Democratic Regimes. Columbia University.2010
José Luis Sáez Ramo. Participación política directa del clero dominicano (siglos XIX y XX)
Patrick Neal. Habermas, Religion, and Citizenship. Politics and Religion, 7 (2014), 318–338
M.S. Handler. Dr. King demands Goldwater Rout. New York Times, October 12, 1964.
Fotos: abc color

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