En la noche del 22 de marzo de 1944, una patrulla de policía nazi había ingresado a la granja de una familia polaca acusada de dar refugio a 8 judíos. Los esposos Jozef y Viktoria Ulma con sus seis hijos, fueron llevados al frente de la casa. Procedieron a ultimar a la pareja ante los gritos desesperados de los niños. Después de consultar a sus superiores, el oficial Jan Kokott asesinó a los 6 hijos. La muerte de los niños se basó en la política de Sippenhaft, o de responsabilidad familiar, por la cual los familiares debían ser penalizados por los crímenes atribuidos a uno de sus miembros. Según Himler, comandante de la SS, al defender esta política, “el hombre ha cometido traición; su sangre es mala; es sangre de traidor, que debe ser exterminada”.

Antonio Debernardi entiende que los parientes deben ser responsabilizados por las acciones de un miembro de la familia. Es lo que se puede concluir de la lectura de sus declaraciones publicadas a partir de una conferencia de prensa. María Juana González, esposa de quien es acusado de cometer ciertos delitos, debería ser penalizada, por el solo hecho de haber sido esposa.

Este tipo de formulaciones no han sido privativas de los nazis. En la Unión Soviética, en el período stalinista fue aplicada esta política. Anna Larina, esposa de Nikolai Bujarin, líder de la revolución condenado a muerte, permaneció veinte años en campos de concentración por ser esposa. Israel ha aplicado durante décadas la política de demoler las casas de las familias de aquellos acusados de cometer atentados suicidas por el solo hecho de ser parientes. El gobierno norcoreano, es acusado de aplicar la política de “responsabilidad de tres generaciones”, por la cual padres, hijos y nietos deben vivir en campos de concentración para que se produzca la depuración.

El derecho internacional prohíbe este tipo de conducta. De acuerdo los Convenios de Ginebra de 1949, los castigos colectivos son un crimen de guerra: “No se castigará a ninguna persona por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos”.

La responsabilidad siempre tiene que ser resultado de hacer algo y no de pertenecer a un grupo, sea este grupo una familia, una comunidad religiosa o étnica.

En este sentido la responsabilidad es individual. Se debate y algunos admiten también la responsabilidad colectiva que puede ser atribuida al estado u otros agentes, pero siempre a partir de acciones perpetradas por determinados colectivos y no por el simple hecho de ser miembro. No se admite la responsabilidad colectiva de inocentes.

Se debate y algunos también admiten la posibilidad de infligir daño a inocentes sobre la base de la teoría del mal menor, por ejemplo, cuando civiles inocentes mueren como efecto colateral de un bombardeo, siempre que esa guerra sea una guerra defensiva contra un agresor, y contribuya a prevenir un mal mayor.

Pero es inadmisible el castigo a inocentes por el mero hecho de pertenecer a un grupo sin ninguna justificación. La política de responsabilidad familiar es una práctica terrorista ya que está diseñada para castigar a inocentes que no han cometido el crimen. Una característica del terrorismo es justamente que ataca a determinadas personas por pertenecer a un colectivo –un país, una religión- a pesar de ser totalmente inocentes.

FOTO: La familia Ulma: Jozef, Viktoria con 9 meses de embarazo, y los seis hijos poco antes de la tragedia.

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