Bombardeo de Paysandu. Colección Javier Yubi
Bombardeo de Paysandu. Colección Javier Yubi

La justificación de la Guerra del Paraguay ha sido un tema altamente controversial, para la generación de la guerra y para las sucesivas generaciones que se han ocupado de reflexionar sobre este tema. Diversas interpretaciones se han desarrollado sobre las causas de la guerra desde el punto de vista económico y político.

Sin embargo, la justificación de la guerra desde el punto de vista moral ha recibido escasa atención. En esta ponencia se analizan las posibles justificaciones para la guerra deflagrada por el Paraguay desde la perspectiva ética, y se concluye que no puede justificarse moralmente desde el punto de vista de una guerra preventiva para hacer frente a una amenaza generada por la ruptura del equilibrio regional, como consecuencia de la guerra del Brasil contra el Uruguay. Sin embargo, el Paraguay tuvo una justificación moral para desencadenar una guerra defensiva, en defensa de otros, en este caso del Uruguay, víctima de una agresión injusta por parte del Brasil. Desde esta perspectiva, el conflicto bélico fue iniciado por el Brasil con una guerra de agresión contra el Uruguay, que fue respondido con una guerra del Paraguay en defensa del Uruguay.Moral y guerra

1. La moral y la guerra

La guerra implica violentar uno de los derechos humanos básicos fundamentales, que es el derecho a la vida.  Aquello que en la vida ordinaria consideraríamos un asesinato, está permitido en la guerra entre los combatientes de las fuerzas en contienda.

La guerra que conlleva una acción tan radical como es despojar a las personas de su derecho a la vida ha sido objeto de reflexión moral en todas las civilizaciones y religiones que se han sucedido a lo largo de la historia. Los filósofos desde la antigüedad se han ocupado de reflexionar sobre este tema. Pero hay una corriente de pensamiento que arranca hace mas de dos mil años y continua vigente en nuestra época, que ocupa un lugar central en la reflexión sobre la moral de la guerra: la teoría de la guerra justa que tiene entre sus exponentes pensadores como Aristóteles y San Agustín, y que ocupa un lugar central en los debates contemporáneos sobre la moral de la guerra.  Desde el siglo XVII,  la teoría de la guerra justa fue evolucionando en conjunción con el derecho internacional, inicialmente con juristas como Grocio y Gentili, lo que dió lugar desde el siglo XIX a las convenciones internacionales sobre la guerra.

La teoría de la guerra justa tiene dos partes, la justificación para recurrir a la guerra (jus ad bellum) y la conducta en la guerra que se refiere a los medios de hacer la guerra (jus in bello). En la mayoría de las presentaciones de la teoría de la guerra justa hay seis principios del jus ad bellum: causa justa, necesidad, último recurso y proporcionalidad. También se mencionan autoridad legítima, correcta intención,  y esperanza razonable de éxito. Jus in bello comprende tres principios: discriminación, necesidad, y, de nuevo, de proporcionalidad. Estos principios resumen la comprensión moral de la guerra y básicamente mantienen esta misma estructura desde hace 300 años.

El derecho internacional se ha ocupado principalmente del jus in bello, de las leyes que rigen la manera de hacer la guerra, pero no así de la justificación del recurso a la guerra, el jus ad bellum. El crimen de agresión que sería el crimen cometido al desencadenar una guerra injusta y que tiene relación con el just ad bellum,  tiene una norma jurídica internacional solo desde el año 2010, que está en proceso de ratificación por parte de los estados.

Después de la segunda guerra mundial el Tribunal de Nuremberg enjuició y condenó por primera vez en la historia de la humanidad a los líderes del nazismo en base al concepto de crimen de agresión. Los individuos que estuvieron en posiciones de poder en la estructura del gobierno nazi fueron responsabilizados personalmente de haber cometido ese crimen y condenados. Pero en Nuremberg se constituyó un tribunal especial con un objetivo específico, que desapareció una vez concluidas sus tareas. Recién con posterioridad al fin de la guerra fría  se crearon varios tribunales especiales para juzgar crímenes de guerra, pero el crimen de agresión en esos casos fue excluido.

Solo recientemente, el Estatuto de Roma, aprobado en 1998,  previó el crimen de agresión. Pero a diferencia de otros crímenes de guerra, como los crímenes contra la humanidad o el genocidio, ha sido más difícil encontrar una definición de consenso del crimen de agresión. El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional para juzgar estos crímenes, si bien mencionó el crimen de agresión entre aquellos bajo jurisdicción de la corte, dejó su definición precisa para un momento posterior. Recién en 2010 un grupo de trabajo definió ese crimen y ahora está en proceso de aprobación por los diferentes países miembros de la corte.

Por lo tanto en el siglo XIX existía una doctrina de la guerra justa. Las normas jurídicas estaban surgiendo lentamente. La primera convención internacional fue aprobada en 1864. El código Lieber, aprobado por el gobierno de los Estados Unidos en 1863, resumía muchas de las reglas de conducta en la guerra que habían sido lentamente consagradas por el derecho consuetudinario a lo largo de los siglos.  Respecto al recurso a la guerra, jus ad bellum, existía la tradición de la teoría de la guerra justa, pero no existía una normativa respecto al crimen de agresión.

2. La guerra en defensa propia y de otros

Uno de los aspectos fundamentales, aunque no el único, para determinar si una guerra es justa, es definir si tiene una causa justa. Los teóricos de la guerra justa clásicos, como Francisco da Vitoria y Hugo Grocio, consideraban que existían varias causas que podrían justificar el recurso a la guerra. En primer lugar, la defensa frente a la agresión o a una amenaza, pero también el castigo de los responsables, la recuperación de los derechos perdidos antes de las ofensas perpetradas y la disuasión de futuros actos de agresión entre otros (McMahan, 2015).

Sin embargo, las teorías filosóficas morales y el derecho convergieron en el período posterior a la segunda guerra mundial en considerar justas solamente las guerras defensivas. La carta de las Naciones Unidas por ejemplo, solo admite la guerra en defensa de una agresión que ya se ha desencadenado. No admite la guerra preemptiva, cuando la agresión es inminente pero todavía no se ha iniciado, o la guerra preventiva cuando se trata de evitar una agresión futura, no inmediata.

La teoría de la guerra defensiva encuentra sus fundamentos en la teoría de los derechos del individuo y su derecho a la defensa propia en caso de agresión. Se parte de la idea de que los individuos tienen derechos fundamentales, entre los cuales el derecho a la vida y el derecho a no ser objeto de un daño físico.

Si un individuo es agredido, por un atacante, poniendo en riesgo su vida, es moralmente justificado, que el agredido pueda matar al agresor. En la disyuntiva entre perder su vida o defender su vida matando al agresor, es moralmente válido que aquel que es moralmente culpable de la situación generada al agredir pierda la vida y no quien fue injustamente agredido. Esto es considerado como un principio de justicia, porque al crearse una situación en que uno de dos agentes que se enfrentan debe sufrir daños o perder la vida, lo justo es que lo sufra aquel que es culpable de la situación a la que se ha llegado.

Este es el fundamento moral para el derecho a la defensa que asiste a los individuos en caso de agresión, y que trasladado a nivel de la guerra, es el derecho que asiste a los estados, a poder hacer una guerra defensiva ante la agresión sufrida, y a los combatientes a matar a los combatientes adversarios, que han perdido su derecho a la vida, al embarcarse en un acto de agresión, de la misma manera que un individuo pierde su derecho a la vida, cuando genera una amenaza injustificada a la vida de otras personas, que solo pueda resolverse, quitándole la vida, que sería el principio de necesidad que debe acompañar el recurso a la defensa.

De la misma manera que existe el derecho a la guerra en defensa propia, existe el derecho a la guerra en defensa de otros injustamente agredidos. En este caso, también se puede partir del derecho individual a defender a otros. Si un individuo es injustamente agredido, configurándose una amenaza para su vida, es moralmente válido que un tercero acuda en su defensa, para evitar el daño o un daño mayor.  Este mismo razonamiento constituye el fundamento para que un estado desarrolle una guerra en defensa de otro estado injustamente agredido.

Si bien la existencia de una causa justa es fundamental para que una guerra sea justa, no es suficiente. Además debe respetarse el principio de proporcionalidad, es decir la acción que implica la guerra debe ser proporcional a la amenaza del agresor. Igualmente debe haber consistencia con el principio de necesidad, según el cual la guerra es el único medio de resolver la situación, y el principio de último recurso, en el sentido de que se agotaron todas las instancias alternativas antes de recurrir a la guerra.

Hay dos excepciones a la guerra defensiva en respuesta a una agresión ya iniciada sobre cuya admisibilidad existe un cierto consenso. Existe un cierto acuerdo en admitir la guerra preemptiva, que es aquella guerra que se inicia para enfrentar una amenaza inminente, que todavía no se ha concretado. También existe cierto consenso en considerar las guerras de intervención humanitaria, también conceptualizadas como responsabilidad para proteger, como aceptables. Cuando un estado viola los derechos de sus ciudadanos, a través de crímenes como el genocidio, crímenes contra la humanidad y otras atrocidades, otros estados pueden intervenir para defender a los ciudadanos de ese estado que no respeta los derechos de sus ciudadanos, y que por eso ha perdido el derecho a la inviolabilidad de su soberanía. La guerra preventiva, que es aquella que se hace para enfrentar una amenaza que no es inminente sino mas distante en el futuro, es mucho más controversial, y aquellos que lo admiten, lo hacen con severas condicionantes y restricciones.

3. Los términos del debate

La Guerra del Paraguay contra  la Triple Alianza, tiene una vinculación directa con la guerra del Brasil contra el Uruguay iniciada en octubre de 1864. Esta vinculación que es un hecho histórico reconocido, puede dar lugar a dos interpretaciones, desde el punto de vista de la moral de la guerra. La primera de ellas, es que la guerra del Paraguay fue una guerra en defensa propia, y la segunda que fue una guerra en defensa de otros.

La perspectiva de que fue una guerra de defensa propia, ha encontrado dos vertientes de interpretación:  la guerra del Brasil contra el Uruguay no representaba una amenaza de agresión para el Paraguay, y por lo tanto, la guerra del Paraguay contra el Brasil fue injustificada. La otra postura, sigue el razonamiento del gobierno paraguayo y de López, en el sentido de que la guerra del Brasil contra el Uruguay, implicaba una ruptura del balance de poder en la región, y consecuentemente representaba una amenaza al Paraguay, que recurrió a la guerra justificadamente. Como la amenaza no era inminente, en el sentido de que no había preparativos evidentes para invadir el Paraguay, se trataría de una guerra preventiva, para enfrentar una amenaza que se estaría concretando en un futuro no inmediato.

La otra perspectiva posible desde el punto de  vista de la moral de la guerra es que el Paraguay habría desarrollado una guerra, no en defensa propia, sino en defensa de otro, concretamente el Uruguay. Hemos visto que existe un consenso general, exceptuando a los pacifistas, que la guerra en defensa propia y en defensa de otros es justa. El mismo principio que valida la defensa propia, es el que sostiene la defensa de otros. Siguiendo con la lógica reductivista que considera que la base de los principios de la guerra debe encontrarse en los derechos individuales, ante la amenaza puesta a los intereses vitales de un individuo, es moralmente justo que el agresor pueda ser atacado por el agredido o por un tercero que acude en su defensa. La misma lógica se da a nivel de estados. En este sentido el estado paraguayo fue en apoyo a otro estado injustamente agredido.

En la sección 5 vamos a ocuparnos de la Guerra del Paraguay considerada como guerra preventiva. En la sección 6, abordamos el tema desde la perspectiva de la guerra en defensa de otros.

4. La guerra preventiva

Los argumentos a favor de la guerra preventiva datan de tiempos lejanos. Alberico Gentili, jurista del siglo XVII, pionero del derecho internacional sostenía que “nadie debe exponerse al peligro. Nadie debe esperar a ser golpeado, a menos que sea un tonto. Uno debe enfrentar no solamente la ofensa que ha sido cometida pero también aquella que probablemente será cometida. La fuerza debe ser repelida y mantenida alejada por la fuerza. Por lo tanto uno no debe esperar que llegue” (Strachan, 2007, Cap.1).

Clausewitz, inspirado en Maquiavello admitía las guerras preventivas, aunque lo hacía más desde el punto de vista de la estrategia militar antes que desde el punto de vista moral. Burke defendía la noción de balance de poder, que permitía prevenir que cualquiera de los estados se torne dominante, y consideraba que era mejor, enfrentar la situación antes de que el balance de poder se torne inestable, ya que era menos costoso comparado con esperar que la amenaza se torne inminente (Strachan, 2007, Cap.1).

Sin embargo, los requerimientos para tornar de la guerra preventiva permisible se fueron haciendo cada vez más exigentes con el tiempo. Un incidente militar en 1837, entre Canadá y Estados Unidos, el caso Carolina, dio lugar a una doctrina según la cual, para infligir el primer golpe, la victima potencial, según el Secretario de Estado Daniel Webster, tendría que demostrar que la “necesidad de la autodefensa fue instantánea, abrumadora, sin dejar elección de los medios, y sin posibilidades de deliberación”. Esto es lo que se ha dado en llamar guerra preemptiva, la que se desencadena ante una amenaza de agresión inminente. La guerra preventiva, la  que hace frente a una amenaza no inmediata, se tornó más difícil de justificar.

El derecho humanitario internacional ha acompañado esta tendencia, inicialmente con la misma Carta de las Naciones Unidas y posteriormente con las enmiendas al Estatuto de Roma, en que solo las guerras defensivas que responden a un ataque ya deflagrado son excluidas del crimen de agresión.

Michael Walzer, considerado un clásico contemporáneo sobre la moral de la guerra, ha asumido una posición intermedia, con su teoría de la  “amenaza suficiente”, como requisito para una acción militar. Para que exista amenaza suficiente debe existir una intención manifiesta de atacar, un cierto grado de preparación efectiva para atacar, y que la espera en atacar al agente amenazante puede implicar grandes riesgos (Walzer, 2000, cap.5). Además, debe ser el último recurso, agotadas todas las demás posibilidades. En su formulación, la amenaza de agresión podría no ser inminente, pero no obstante debe reunir ciertas condiciones, para que la guerra contra el probable agresor pueda justificarse.

Según David Rodin, solo quien ha incurrido en una amenaza real puede ser considerado moralmente responsable y pasible de ser atacado y muerto. De acuerdo con Rodin, antes de atacar nadie es moralmente responsable de un mal.

La segunda categoría de argumentos se centra en la violación de los derechos individuales que la guerra preventiva, inevitablemente causará. En la base de estos argumentos está el supuesto de que los seres humanos tienen derechos y que uno de los fundamentales es el derecho a no ser muerto o herido de manera significativa. Dado que esto es exactamente lo que sucede en las guerras, incluidas las guerras defensivas, hay que preguntarse: ¿qué es lo que hace que una persona pueda tornarse moralmente responsable de un mal y pasible de daño por quienes ejercen la fuerza defensiva? La mejor manera de responder a esta cuestión es señalar el hecho de que el atacante cometió un mal al participar en un acto de agresión. Por lo tanto, perdió su  derecho a no ser dañado. Uno sólo tiene derecho a la vida, siempre que uno respete el derecho a la vida de los demás. El problema con la guerra preventiva es que incluye el asesinato de aquellos que aún no han cometido actos de agresión. (Rodin, 2007, cap.6)

Siguiendo este razonamiento, Rodin considera que no es posible infligir un daño como la muerte a alguien que todavía no ha cometido un mal. Esta es la situación que se da en el caso de la guerra preventiva en que la víctima futura supone que el potencial agresor cometerá un mal en el futuro que amenazará sus intereses vitales, pero todavía no lo ha cometido, y puede llegar a no cometerlo. Aunque se pueda prever con absoluta certeza que un individuo o un estado incurrirán en el futuro en un acto de agresión, no es responsable y pasible de daño en tanto todavía no ha incurrido en dicha agresión. Rodin también considera el argumento de que la conspiración para cometer un acto de agresión ya puede ser considerado una amenaza real, pero finalmente lo descarta debido a la dificultad de identificar claramente la conspiración dado que las fuerzas armadas desarrollan regularmente planes y ejercicios militares basados en potencial conflictos hipotéticos.

Jeff Mcmahan, uno de los más prominentes filósofos contemporáneos que se ocupan de la guerra, considera que puede haber una justa causa para la guerra preventiva  “porque la gente puede tornarse responsable y pasible de un  ataque preventivo por haber planificado y preparado para actuar de una manera que podría causar un daño. Podrían ser responsables porque, con su participación en las acciones preparatorias, han aumentado la probabilidad objetiva de que van a causar un daño a los demás, por lo que serían los responsables de haber impuesto una situación en que las posibles víctimas debe escoger entre permitir continuar en peligro o dañar a los que los han puesto en riesgo. En tal situación, puede ser injusto permitir que personas inocentes permanezcan en riesgo cuando pueden evitarlo atacando a los que le han puesto en riesgo” (McMahan, 2015:5).

McMahan sostiene que al desarrollar la intención de matar, un potencial agresor crea una situación en que aumenta  significativamente la probabilidad objetiva de que la víctima potencial sea asesinada injustamente en un futuro próximo. El potencial agresor es moralmente responsable  de que ahora la victima conviva con un riesgo mayor de ser asesinado en un futuro cercano. La victima entonces debe tomar una decisión: debe matar al potencial agresor o debe permanecer expuesto a un alto riesgo de ser asesinado. Como el potencial agresor es responsable de haber creado esta situación, puede ser permisible, como una cuestión de justicia, matarle al potencial agresión para eliminar la posibilidad de que este asesine a la víctima, siempre y cuando la probabilidad sea suficientemente elevada como para justificar una acción tan drástica (McMahan, 2006:169).

Pero finalmente, MacMahan llega a la conclusión que si bien es permisible la guerra preventiva, muy difícilmente puede justificarse en casos concretos debido a la dificultad para  obtener las evidencias. Las pruebas de la presencia de una intención  en otra persona son siempre falibles y  controversiales y casi siempre insuficientemente concluyentes para proporcionar una adecuada base para la acción preventiva. Si tuviéramos un “intenciometro” que infaliblemente detectara las intenciones de otras personas y medir la fuerza de esa intención, el status moral y legal de la defensa preventiva sería diferente (McMahan, 2006:169).

5. La Guerra del Paraguay como guerra preventiva

La guerra desencadenada por el Paraguay podría ser considerada una guerra preventiva porque fue una respuesta a un comportamiento esperado futuro de otro país que todavía no se había concretado y no era inminente.  En este sentido no fue una respuesta a una amenaza inminente del Brasil, sino a una amenaza potencial que todavía no se había plasmado en acciones concretas.

La posición tanto paraguaya como uruguaya se basaba en la teoría del equilibrio de poder, la teoría dominante en Europa para la comprensión de las relaciones internacionales desde el S. XVIII. Los estados generalmente justificaban las guerras preventivas como necesarias para evitar la ruptura del balance de poder existente e impedir que una potencia se torne dominante. El enfoque de equilibrio de poder consideraba que un sistema de estados estaba constituido por alianzas que se configuraban de tal forma, que ninguno de ellos podía tornarse dominante y constituirse en una amenaza para los demás.

La guerra preventiva era un complemento consistente con el balance de poder. Por un lado, la disposición de los estados a deflagrar guerras preventivas actuaba como disuasivo para impedir la ruptura del equilibrio, y por otro lado, una vez producida la ruptura la guerra actuaba como un mecanismo correctivo para restablecer el equilibrio. El objetivo de los aliados debía ser defensivo y pacífico, pero dispuestos a desencadenar una guerra para mantener el status quo. Son paradigmas de guerras preventivas, en el siglo XVIII, la guerra de sucesión española, desencadenada ante el temor de la supremacía de Francia y la guerra de los  siete años, iniciada por Prusia ante el temor a la alianza de Austria y Rusia (Strachan, 2007, cap.1).

El equilibrio no implica el entendimiento que todos los países tienen la misma fuerza. El equilibrio se construye entre países grandes y pequeños que tejen alianzas tratando de evitar que uno de ellos se torne dominante. El equilibrio se refleja en un status quo que permite la sobrevivencia de los estados, sin que uno de ellos pueda constituirse en una amenaza letal para los demás.

Esta teoría del equilibrio fue la base del discurso de los gobiernos de Uruguay y Paraguay. El Dr. Juan José Herrera, ministro de relaciones exteriores, en las instrucciones a Octavio Lapido, Ministro uruguayo en el Paraguay, planteaba una alianza entre Uruguay y Paraguay para mantener el equilibrio,

El sistema de equilibrio, conserva la paz  porque inspira el temor de la guerra. Aunque por ahora no se llegara entre uno y otro estado al establecimiento completo de una combinación de equilibrio político para la defensa de su paz y de sus derechos soberanos, podría, cuando menos, concretarse en principio una liga, moral por de pronto, que a los ojos de las naciones vecinas mostrara a ambas repúblicas íntimamente unidas y en acuerdo, que se traduciría en cooperación práctica, llegado que fuera el momento de obrar en defensa común.

Solano López, en su mensaje al Congreso Extraordinario del 5 de marzo de 1865 explica la importancia del equilibrio de poderes y del mantenimiento del status quo,

(…) Estas dos potencias garantes de la independencia de aquel Estado, son las que hoy la atacan, y el Brasil, que en 1850, en un tratado solemne, sostenía con nosotros la necesidad del status quo de las nacionalidades de esta parte de América, y especialmente la autonomía del Estado Oriental, se alía al partido rebelde que, lanzado de la Capital Argentina y con los auxilios de un comité revolucionario, públicamente establecido allí, desola la riqueza nacional y ensangrienta el suelo patrio.

La República del Paraguay á quien ni por la importancia que había conquistado por sus constantes esfuerzos, ni por su seguridad y la vida interior y exterior, no era dado prescindir del principio de equilibrio de los poderes del Río de la Plata, no podía mirar con indiferencia los sucesos que allí se preparaban, hizo cuanto estuvo de su parte para precaver tan grandes males, ya solicitando amistosas explicaciones del Gobierno argentino, para desvanecer los recelos del Oriental, sobre su neutralidad en la guerra intestina que le devoraba, y ya ofreciendo su mediación amistosa al Imperio del Brasil, para el arreglo pacífico de sus diferencias con la misma República Oriental, a quien se amenazaba con la presión de una escuadra y ejército terrestre.

El informe de la Comisión creada por el Congreso reunido el 15 de marzo de 1865, trazaba un paralelo entre la situación en la región del Plata y la situación europea: Turquía era atacada por Rusia, de manera análoga a la agresión del Uruguay por el Brasil. El rol de Austria y Alemania, escudados en una aparente pero cómplice neutralidad era análogo al rol de la Argentina,

Mr A. de Lamartine en su “Historia de Ia Turquía”, con referencia a Ia neutralidad de Austria y de  Prusia en la invasión de  Rusia contra Ia Puerta Otamana, que es también como el Estado Oriental en Sudamérica,  la condición necesaria para el mantenimiento de la balanza política en Europa, dice: “Nosotros compadecemos a Austria y a Prusia, si pronunciando el no en el fondo de su conciencia, no osan proclamarlo en alta voz en presencia de amigos y enemigos. Una palabra de estas potencias evitaría el derramamiento de la sangre que va a correr. ¡Su silencio y su inmovilidad serán faltas graves a los ojos de la Providencia, que juzga las neutralidades inicuas, como agresiones encubiertas”

Refiriéndose al mismo asunto, dice el autor citado: Nosotros no criticamos a la Inglaterra ni a a Francia, por haber prolongado hasta una contemporización deplorable los esfuerzos que han hecho por conservar Ia paz del mundo. Nosotros aborrecemos la guerra inicua, la guerra ambiciosa, la guerra sistemática. la guerra caprichosa y aún la guerra impremeditada. Pero ahora, esta guerra no es guerra, ni ante Dios ni ante los hombres. Esta guerra es simplemente la defensa de la paz. Vienen tiempos en que los principios más santos atacados por la violencia, tienen necesidad de armarse y de presentar sus bayonetas como la última razón de la humanidad y de la paz!

La Comisión ha trascrito los dos lugares del ilustre escritor francés, porque no sólo  tienen completa analogía con nuestra situación; sino porque expresan exactamente el  pensamiento de la Comisión con respecto a la política del gobierno argentino.

Si el silencio y la inmovilidad de Austria y de  Prusia en una cuestión de interés continental, son considerados como agresiones encubiertas ¿qué calificación se dará a la política argentina que, proclamando neutralidad, protege abiertamente una rebelión,  favorece la acción de un imperio contra una débil república hermana, promueve la discordia en otra que con generosa abnegación sale en defensa de la primera, y de la paz en los Estados de Plata?

¿De qué modo se puede calificar la conducta del gobierno argentino, concediendo un paso que no se le pide; y denegando el que se demanda como necesario o útil para la conservación del equilibrio de los Estados del Plata? [1]

Abente considera que la guerra no puede ser explicada por una ruptura del equilibrio de poder porque no existía tal equilibrio, ya que el Brasil era predominante, y si bien inició el conflicto con Uruguay, no lo hizo con Paraguay (Abente, 1987:59).

(…) De hecho, Brasil comprendía casi 60 por ciento de las capacidades regionales, mucho más que Argentina, Uruguay, y Paraguay combinados. Si la variable militar es excluida (argumentando que las cifras militares paraguayas sobrestiman su verdadero poder militar) o si es corregida para incluir factores tales como poder naval o gastos militares, la preponderancia brasileña se vuelve aún más grande. No existía ningún balance de poder en el sentido de equilibrio en el Rio de la Plata en los años 1860; consecuentemente, no podía haber amenaza a un equilibrio que nunca existió. Brasil era el indiscutido, aunque no sin restricciones, primer poder regional medido por cualquier estándar, y su poder excedía por lejos a todos los actores regionales combinados.

¿Apoyan entonces estos hechos la hipótesis de que la falta de un equilibrio de poder, la preponderancia brasilera, llevó a la guerra? Este argumento parece persuasivo al concentrarnos sólo en la invasión brasileña de Uruguay, que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño concibió como una limitada operación “quirúrgica”. Aun así, esta operación escaló hasta un conflicto de proporciones regionales no iniciado estrictamente por Brasil. En otras palabras, mientras que el localizado conflicto brasileño-uruguayo llevaba a la invasión brasileña de Uruguay y puede ser puesto como resultado de la preponderancia brasilera, el conflicto regional no puede serlo porque Brasil estaba involucrado en un conflicto que no había buscado activamente, un conflicto generado por un actor regional que no era preponderante. ” (Abente, 1987:59)

No obstante considera que la percepción de los actores de la época pudo haber sido diferente y podrían haber actuado bajo la percepción de una ruptura del equilibrio de poder,

(…) una disparidad generalmente existe entre la percepción del equilibrio o amenaza y verdadero estado de equilibrio o amenaza (Jervis 1976). Entonces, uno podría presentar la hipótesis de que la combinación de una altamente impresionista y distorsionada lectura de las relaciones de poder y una defectuosa percepción de amenaza causo que López accionara. El había visitado Europa entre Junio de 1853 y Diciembre de 1854, y no es entonces sorprendente que hubiese aplicado al contexto del Río de la Plata las teorías tan ampliamente discutidas en Europa en ese tiempo, especialmente la teoría del balance de poder.

(…)  Si las consideraciones del balance de poder fueron meramente el  pretexto de López para un empuje expansionista (como muchos han argumentado) o una sincera, pero equivocadamente aficionada, lectura de la situación no puede ser establecido irrefutablemente. Esta cuestión permanecerá como un tópico de especulación.

Si bien no se basaba en una apreciación objetiva de las relaciones de poder regional, el análisis de López era una lectura posible de la situación y de los cambios que se sucedían.  Ese equilibrio era el status quo, que se consideraba que posibilitaba la sobrevivencia del Paraguay como estado independiente.

El equilibrio de poder en la región del Plata, no estaba dado solamente por el equilibrio entre países, sino también por el equilibrio interno en la Argentina, siguiendo el enfoque de Burke que menciona varios sistemas de equilibrio que coexisten entre si. El equilibrio interno en la Argentina evitaba el poder absoluto de Buenos Aires sobre las provincias, pero al mismo tiempo posibilitaba una cierta unidad de la Argentina como contrapeso al Brasil. Estados como el Paraguay y el Uruguay eran vulnerables a la acción del Imperio del Brasil o de la Argentina pero lograron su independencia y consiguieron mantenerla hasta ese momento, por lo que el mantenimiento del status quo había generado esa posibilidad era considerado altamente deseable.  La percepción de que ese status quo comenzó a romperse comenzó con la victoria de Mitre en Pavon, y el fortalecimiento de los unitarios en la Argentina. La aproximación argentina y brasileña, y la intervención de ambos en el Uruguay fue otro cambio en las relaciones regionales, que tornaban la situación peligrosa para el Paraguay. La guerra del Brasil contra el Uruguay fue considerado por el Paraguay como el punto de inflexión que exigía acciones correctivas drásticas.

Pero haya existido o no ese cambio en el equilibrio de poder regional, como proceso objetivo o como percepción ¿se justificaba en ese contexto una guerra preventiva desde el punto de vista moral?  La ruptura del equilibrio podría considerarse como una de las causas que dieron lugar a una guerra preventiva, pero no necesariamente constituyen una justificación moral de esa guerra.

Si bien históricamente las guerras preventivas han sido utilizadas, y han estado vinculadas a la ruptura o a la necesidad de mantener el equilibrio de poder,  de acuerdo al análisis realizado en la sección anterior la guerra preventiva sería permisible en el mejor de los casos en condiciones excepcionales, en que se puedan obtener evidencias contundentes e intenciones ciertas, que normalmente no son accesibles.

En este contexto, la Guerra del Paraguay contra el Brasil no puede justificarse como una guerra preventiva. Difícilmente podría sostenerse que en el momento en que Paraguay declaró la guerra al Brasil, este país era moralmente responsable de una agresión al Paraguay, o estaba embarcado en acciones conspirativas ciertas y concretas para agredir al Paraguay. Es muy difícil asegurar, que la guerra del Brasil contra el Uruguay implicaba una amenaza de agresión contra el Paraguay que indefectiblemente se concretaría en el futuro.

Por lo tanto, no existía una causa justa que justifique la guerra y la guerra preventiva de parte del Paraguay no estaba moralmente justificada, ya que la guerra no se puede ejercer contra quien no es moralmente culpable de una amenaza a los intereses vitales de otro país.

Bajo el razonamiento de la guerra preventiva, la Guerra del Paraguay fue una agresión a personas y colectivos moralmente inocentes, violándose el derecho humano básico a la vida, es moralmente condenable y constituiría un crimen de guerra en términos del derecho humanitario contemporáneo. Sin embargo, no es la única argumentación posible para justificar la guerra del Paraguay, como será analizado en la próxima sección.

6. 800px-Siege_of_Paysandu_01La Guerra en defensa de otro

La guerra del Brasil contra el Uruguay se ha considerado tradicionalmente de dos maneras. Por un lado esta guerra fue entendida como independiente del conflicto mayor que involucró a los tres aliados con Paraguay, lo que implica considerar que la reacción paraguaya ante los eventos en Uruguay fue totalmente injustificada. El otro enfoque, sustentado por el Paraguay y Uruguay entendía, que la guerra del Brasil contra el Uruguay fue la causa directa del conflicto mayor, ya que al romperse el equilibrio regional, el Paraguay se convirtió en blanco potencial de la agresión del Brasil, y se vio obligado a desencadenar una guerra preventiva.

Sin embargo, hay una tercera perspectiva para analizar el conflicto: la Guerra del Paraguay fue una guerra en defensa de otros, en este caso en defensa del Uruguay. La guerra en defensa propia se guía por los mismos principios de la defensa de otros. Es perfectamente legítimo moralmente acudir en apoyo de aquel que es agredido injustamente. Para ello, es necesario analizar si Uruguay fue injustamente agredido por Brasil.

Si la guerra del Brasil contra el Uruguay fue una guerra injusta, la guerra del Paraguay contra el Brasil puede ser considerada como una guerra con una justa causa en defensa de otros, es decir una guerra justa en defensa del Uruguay. Lo inverso también sería válido: si la guerra del Brasil contra el Uruguay fue una guerra justa, la guerra del Paraguay contra el Brasil no puede ser considerada como una guerra con una justa causa en defensa de otros.

La guerra del Brasil tenía aparentemente una justa causa: la defensa de los ciudadanos brasileños injustamente agredidos en el Uruguay por el gobierno, por acción, omisión o complicidad. Es lo que en términos contemporáneos sería una guerra de intervención humanitaria armada o una guerra bajo los principios de la responsabilidad de proteger. Cuando un estado viola los derechos de sus ciudadanos, a través de crímenes atentatorios de los derechos humanos, otros estados pueden intervenir para defender a los ciudadanos de ese estado que por eso ha perdido el derecho a la inviolabilidad de su soberanía. La soberanía del estado es derivada de la soberanía de los individuos. El estado mantiene su soberanía en la medida en que respeta la soberanía de los individuos. El embajador ingles Thornton expuso a López una línea de razonamiento parecida a un mensaje a López,

Manifesté que (…) yo consideraba que toda nación tiene el derecho inherente de insistir que le den satisfacción por daños hechos a sus súbditos, aunque fuese a expensas de la guerra o de la ocupación temporal de su territorio perteneciente al agresor (Pomer: 1968:56).

Las quejas del Imperio del Brasil fueron detalladas en un cuadro adjunto a la nota del 18 de mayo de 1864 dirigida al gobierno uruguayo. En total fueron expuestos 63 casos, registrados desde 1852, por lo tanto a lo largo de un período de 14 años. A continuación se transcribe uno de los casos, a título ilustrativo,

Horrible asesinato del súbdito brasilero Leonardo José da Silva, viejo, casado, con 11 hijos, perpetrado en Acegua por Nicomedes Coronel, Comisario de Policía de Cerro Largo. Nicomedes Coronel es el mismo facineroso también acusado del exterminio de Juan da Silveira y toda su familia, arriba referida. La Legación Imperial reclamo en 3 de Agosto de 1858. Se procuró dar como causa de este asesinato la supuesta reducción de personas libres del capturador, practicada por uno de los hijos de la víctima. Nicomedes preso, fue arrancado de la prisión, nunca aprehendido a pesar de las instancias de la Legación Imperial. Uno de los soldados de la Policía fue condenado a dos años de prisión con trabajos, como cómplice. (Misión Saraiva,1864:7)

También el Uruguay presentó sus quejas, en la respuesta del 24 de mayo de 1864, presentando 48 casos, ocurridos desde el año 1856. Este es un caso ilustrativo

No. 43 Iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en nota del 26 de Noviembre de 1860, ante la Legación Imperial, con motivo de haber sido robados del territorio de la República por el brasilero Marcelino Ferreira y vendidos como esclavos en el Brasil, la morena Carlota y cuatro hijos menores nacidos en esa República.

El mismo Ferreira, en época anterior llevo a vender al Brasil otros tres hijos de la misma Carlota y robó gran número de ganados pertenecientes a hacendados del Distrito de Cuareim. Esta reclamación aún no ha sido contestada (Misión Saraiva,1864:40).

Si bien la causa de la guerra declarada por el Uruguay puede ser considerada justa -la defensa de ciudadanos injustamente agredidos- la presencia de una causa justa no es el único criterio para considerar una guerra justa. El otro criterio es la proporcionalidad, en el sentido de que el daño que se quiere evitar con la guerra, no puede ser inferior al daño generado por la guerra. En una primera aproximación, los daños que fueron considerados como causa de guerra por el Brasil, no son de una magnitud superior al que se generaría en un conflicto bélico, por más limitado que fuesen los medios a ser utilizados.

La intervención humanitaria, de acuerdo a las regulaciones contemporáneas, como las emanadas de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de proteger, limita la intervención a casos de genocidio o crímenes contra la humanidad. Aunque moralmente esté justificada, la intervención humanitaria por medio de la fuerza militar, en casos de menor gravedad a los mencionados, en cualquiera de los casos no se puede dejar de cumplir con el principio de proporcionalidad, criterio que no cumple la guerra del Brasil contra el Uruguay.

Otro de los requerimientos de la guerra justa es que sea el último recurso una vez agotadas todas las posibilidades. En este sentido, el canciller José Berges, en su nota del 30 de agosto de 1.864 había cuestionado al Brasil que “haya juzgado oportuno apartarse, en esta ocasión, de la política de moderación, en que debía confiar, ahora más que nunca, después de su adhesión a las estipulaciones del Congreso de Paris.”

A iniciativa del representante inglés, Lord Clarendon, se incluyó en el Tratado de Paris, firmado en 1.856 al finalizar la guerra de Crimea, que en las “disensiones internacionales, siempre que las circunstancias lo permitan, se recurra, antes de lanzar mano a las armas, a los buenos oficios de una nación amiga”. Estas cláusulas fueron aprobadas por Brasil en 1858, y fueron utilizadas como argumento por el gobierno brasileño en su diferendo con Inglaterra sobre el caso Christie, que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Uruguay, en su respuesta al ultimátum del 4 de agosto, recordó este compromiso internacional asumido por el Brasil y propuso una mediación recurriendo a países considerados neutrales,

Habiendo el gobierno de S.M. el Emperador del Brasil, aceptado los principios del Congreso de Paris, y habiéndolos recientemente puesto en práctica en sus diferencias con una de las grandes potencias signatarias en aquel congreso, no cree el Gobierno de la Republica que V. E. rehúse esta proposición.

El canciller Herrera en su respuesta del 9 de agosto, propuso someter las diferencias al arbitraje de uno o más de los gobiernos representadas en Montevideo citando a España, Italia, Portugal Francia, Prusia e Inglaterra. De acuerdo con la mencionada nota “los árbitros decidirán sobre la oportunidad de las reclamaciones deducidas ante el gobierno oriental por el del Brasil, y enseguida, si la oportunidad fuese declarada, propondrán los medios prácticos de proceder al examen y satisfacción de las reclamaciones reciprocas pendientes (Misión Saraiva,1864:71).

El Imperio del Brasil, no aceptó la mediación. Esta situación es un indicador que también no se habría cumplido con el principio de último recurso, consistente en agotar todas las alternativas diplomáticas, requerido para que una guerra sea considerada justa.

De acuerdo a lo expuesto, podría considerarse que la guerra de Paraguay contra el Brasil, fue una guerra justa, en defensa de otro agredido injustamente. Cabría la pregunta de como se explica que fue una guerra en defensa de otros si el discurso de los actores no fue ese. El Paraguay particularmente justificó como una guerra consecuencia de la ruptura del equilibrio en la región que constituía una amenaza para su seguridad.

Sin embargo, en el análisis de la guerra, son más importantes los hechos objetivos, antes que las declaraciones de los actores. Helen Frowe defiende el criterio de que es equivocado priorizar el carácter o las motivaciones de los que realizan la intervención por encima de los intereses de los beneficiarios (Frowe, 2014: 95). Fernando Teson sostiene que debe diferenciarse entre motivo e intención, y que lo importante es la intención. Por más que las motivaciones sean personalistas o egoístas, lo que vale es la intención. Paraguay accionó objetivamente en apoyo de Uruguay, por más que la operación no fue exitosa desde el punto de vista militar, y ese es el dato relevante para considerar que ha sido una guerra en defensa de otros. Explica este punto así,

Intención cubre el acto previsto, lo que el agente quiere hacer. Veo a una persona en peligro, decido rescatarla, y lo hago. La acción fue un acto de rescate. Tenía la intención de rescatar a la persona, me comprometí a hacerlo, y lo hice. La manera en que yo lo entiendo aquí, la intención cubre el acto de voluntad y las consecuencias deseadas del acto (es controvertido si la intención también cubre consecuencias previstas pero no deseadas del acto). La intención, entonces, implica no sólo el deseo de hacer algo, pero el compromiso de hacerlo. (…) (Teson, 2005:9).

En consecuencia, la guerra del Paraguay contra el Brasil fue una guerra justa en defensa de otro, aun llevando en cuenta que el discurso de los actores no formulaba explícitamente esta concepción de la guerra.

NOTAS

[1] Los párrafos mencionados por la comisión, fueron extraídos del prefacio del libro de Lamartine, historia de Turquía, en tres tomos. En la misma sección el autor afirmaba que  “la verdadera amistad sería decir al agresor: “Has cometido una injusticia; somos tus amigos, cierto, pero no tus cómplices!”. Pero permitir una injusticia cuyo naturaleza comprendemos, no es en efecto complicidad?  Y es la complicidad más inocente porque consiste en inacción. Entre una causa justa y una injusta, la imparcialidad nunca es real; porque hay siempre una conciencia en la humanidad. Cuál es entonces la pretendida neutralidad de los dos grandes poderes germanos? Si es deferencia con Rusia, la deferencia es excesiva. Si es indiferencia entre las dos causas, esta indiferencia es imposible.”

BIBLIOGRAFIA

Abente, Diego The War of the Triple Alliance: three explanatory models – Latin American Research Review, 1987

Benitez, Gregorio. Análisis diplomático y militar de la guerra del Paraguay.

Berro, Aureliano G. 2000, Bernardo Berro, vida pública y privada La diplomacia. La guerra. Las Finanzas. De 1860 a 1864. Tomo II, Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental.

British-American Diplomacy .The Caroline Case Recuperado de: http://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp

Documentos diplomáticos. Misión Saraiva. Monteviedo. Imprenta de la Reforma Pacífica.1864

Frowe, Helen. Judging Armed Humanitarian Intervention. In: Don E. Scheid, 2014, The Ethics of Armed Humanitarian Intervention 2014

Gentili, Alberico El derecho de la guerra. John C. Rolfe (Nueva York. Oceana Publications, Inc., 1964

McMahan, Jeff “Preventive War and the Killing of the Innocent” in Richard Sorabji and David Rodin, The Ethics of War (Aldershot: Ashgate, 2006), pp. 169-90

McMahan, Jeff. “Unjust War and the Crime of Aggression,” in Claus Kreb and Stefan Barriga, eds. The Crime of Aggression: A Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming).

Pereira da Costa Francisco Felix, 1871. Historia da guerra do Brasil contra as Republicas do Uruguay e Paraguay: Volume 1 Livraria de A.G. Guimãraes & C. – Editor

Pomer, Leon, 1968 La Guerra del Paraguay: estado, política y negocios. Ediciones Colihue

Rodin, David. The problem with preventive war.  In: Shue, Henry and Rodin, David. 2007. Preemption: Military action and moral justification. Cap. 6. Oxford University Press.

Shue, Henry and Rodin, David. 2007. Preemption. Military action and moral justification. Oxford University Press.

Strachan Hew. Prevention and preemption in historical perspective. In: Shue, Henry and Rodin, David. 2007. Preemption. Military action and moral justification. Cap. 1. Oxford University Press.

Teson, Fernando R.  2005. Ending tyranny in Iraq. Florida State University. College of Law Public Law and Legal Theory. Working Paper No. 152

Walzer, Michael, 2000. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations  3rd edn, 2000. Basic Books (Audiobooks version)

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